El Gobierno Municipal de Getafe exige a la Comunidad de Madrid que dé marcha atrás en su decisión de modificar los Convenios de Servicios Sociales, ya firmados con los Ayuntamientos, sin el consenso necesario. Esta exigencia se plasma en una proposición en el Pleno tras recibir una carta del Gobierno Regional en la que comunica a los Ayuntamientos que habrán de asumir la prestación del servicio de teleasistencia desde el 1 de enero de 2018 en una decisión unilateral y sin convocar las comisiones de seguimiento que prevén los convenios. Los Ayuntamientos carecen de competencias y financiación adicional para prestar este servicio.
Desde la delegación de Bienestar Social, recuerdan que el gobierno de Cristina Cifuentes tiene la competencia en materia de servicios sociales y es el responsable de garantizar su desarrollo y dotación.
Sin embargo, año tras año, los Convenios de Servicios Sociales firmados con los diferentes Ayuntamientos, han evidenciado la falta de compromiso, aumentando la presión y el esfuerzo económico a los municipios y su presupuesto propio, mientras que la Comunidad de Madrid va reduciendo la inversión.
El Gobierno Municipal considera evidente la falta de previsión en los Presupuestos Regionales de 2017 relativos a la atención a la dependencia, ya que se contempla solo una cuantía de 45 millones de euros cuando la necesidad real es mucho mayor.
Desde Getafe consideran que el Gobierno Regional debe asumir su responsabilidad de atención a la Dependencia garantizando los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios. Además, se reclama que se realice un estudio pormenorizado sobre las necesidades sociales en la Comunidad de modo que se pueda obtener un mapa de servicios sociales que sirva de guía de cara a los Presupuestos de 2018 de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno Municipal quiere que Cifuentes desarrolle convenios de colaboración con los Ayuntamientos con nuevas fórmulas de financiación más equilibradas, justas y que doten de los recursos necesarios a las entidades locales para atender esta competencia regional ajustando las aportaciones conforme a los criterios de financiación del Plan Concertado de Servicios Sociales entre la Administración Central, Autonómica y Local.
