Una licitación planteada por el Ayuntamiento de Leganés durante el mes de agosto pone en alerta a los partidos de la oposición y a los posibles licitadores al contrato por las cláusulas del mismo.
«Da la sensación de que es un traje hecho a medida»
Carlos Delgado – Portavoz de ULEG
Se trata de una concesión administrativa para la explotación de publicidad mediante la instalación de mobiliario urbano, pero el problemas llega en las clausulas de la concesión donde tanto el plazo de la adjudicación como la facilidad para optar al mismo al actual beneficiario del contrato han suscitado la polémica.
Para empezar se trata de una adjudicación a 20 años más 5 de prórroga, algo que según indican juristas preguntado por este medio, se trata de una «artimaña» realizada mediante el cambio de concepto en la utilización del ‘mobiliario o patrimonio urbano municipal’; y es precisamente en ese término donde reside la polémica. Y es que la utilización de la palabra patrimonio para este objeto de contrato parece «a todas luces inadecuada» cuando se trata de elementos publicitarios tal y como se indica en este artículo .
Además cabe recalcar que se trata de un contrato tasado por el propio Ayuntamiento, en más de 13 millones de euros de cifra de negocio, donde el actual concesionario podría optar al contrato sin cumplir la clausula de retirada del mobiliario previo y adecuación del entorno, ya que no se le habría exigido desde el Ayuntamiento lo que supondría un agravio comparativo sin precedentes para el resto de posibles concesionarios que tendrían que realizar todo este proceso de instalación
Desde el Ayuntamiento aseguran que cualquier contrato o pliego publicado cumple la ley ya que estos están redactados por habilitados nacionales.