Compartir

  El Partido Popular de Moraleja de Enmedio, con su presidente Óscar Alcañiz al frente, denuncia “una trama total y absoluta” para echar abajo el Plan General de Urbanismo (PGOU) del municipio que recientemente ha anulado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Este plan preveía la construcción de 10.000 viviendas y, según la sentencia, un incremento de la población sin coherencia con la realidad del municipio.

  Una denuncia particular de varios vecinos de la localidad, propietarios de terrenos colindantes al municipio -según Alcañiz “por las pormenorizaciones a las que estaba sujeto el PGOU”-, ha sido considerada por los jueces para hacer efectiva la sentencia.

El Informe

  Alcañiz continúa: “La alcaldesa encargó desde el Ayuntamiento un informe a la Universidad Carlos III de Madrid por valor de 17.545 euros, informe realizado por el catedrático de derecho administrativo  Luciano Parejo Alfonso (ex alto cargo de gobiernos socialistas de Felipe González). Y aquí es donde, desde el PP, situamos la trama, ya que el Ayuntamiento ha desarrollado, aportando como prueba un informe que va en contra del PGOU, el plan perfecto para anularlo de pleno derecho”. El presidente de los populares concluye en este sentido: “El TSJM no ha comprobado esos argumentos, ya que la sentencia dice que los informes de Medioambiente son desfavorables, pero hace referencia a los del año 2008, cuando los que se presentaron dos años después, tras cumplir las medidas correctoras, ya eran favorables”.

  Esta sentencia supone un retroceso para el municipio a las normas subsidiarias de principios de los noventa, pero, sobre todo, supone un retraso obligado hasta tener un nuevo PGOU. Los denunciantes, según Alcañiz, “han sido utilizados por la alcaldesa. Estos vecinos no querían pagar el IBI urbanizable teniendo terrenos rústicos, para ello hubo un acuerdo con la gerencia de catastro en el cual se aprobaba el plan general, y que los impuestos no subirían mientras no se pormenorizara, o mientras no se vendiera el terreno”.

Defensas y sospechas

  Desde el PSOE se vuelve a señalar que la anulación del PGOU es otra de las herencias dejadas por el Gobierno de Carlos Alberto Estrada. En un comunicado exponen que este era un plan “que incumplía la legislación de la Comunidad de Madrid y que no había atendido las demandas que dicha institución había realizado durante el proceso de aprobación y que era por esto por lo que se había demorado durante tanto tiempo la tramitación”. Además, la alcaldesa pide “que haya una continuidad para el municipio”.

  El PP expone sus sospechas sobre los motivos por los cuales el Gobierno no ha presentado ninguna apelación a la sentencia: “Para la alcaldesa todo lo realizado por el Gobierno anterior es malo y lo quiere tirar por tierra. Y no hay que olvidar que tenemos detrás al marido de la socialista Ruth Porta, el urbanista Enrique Benedicto Mamblona, que todos pensamos que es quien anda tras el nuevo planeamiento de Moraleja. Hay altos cargos socialistas que están dictando el nuevo futuro del municipio”.

Un plan general viable

  “Este PGOU es viable, todos los estudios eran favorables, lleva cuarenta informes y todos ellos son favorables”, así se refiere Alcañiz a la situación que plantea esta sentencia y continúa: “La alcaldesa ha sabido meterse por el único resquicio posible que había, muy bien asesorada por su gabinete de abogados, que también son de la cuerda socialista, ya que hay familiares de un ex ministro de Felipe González. Todo esto es una trama, la sentencia dice que el plan ha sido denunciado, pero también dice que el Ayuntamiento no se ha defendido “de ahí la legitimación pasiva de dicha corporación”. El PGOU conlleva una serie de convenios que le van a costar muchos millones de euros a Moraleja, ¿esto también va a ser por culpa de la anterior administración?”.

  Finalmente, Alcañiz muestra su incredulidad: “El PSOE podía haber modificado el plan sin necesidad de cargárselo, a través de expedientes de modificación. El Ayuntamiento ahora se escuda en que el PGOU lo ha tumbado un juez, pero lo cierto es que ellos han presentado un informe que sospechamos no atiende a la verdad, que ha costado más de 17.000 euros de dinero público, en contra de su propio plan y de los vecinos del municipio. El portavoz socialista dijo en pleno que poner en marcha el plan general costaba 90 millones de euros sin considerar que el plan puede realizar por fases, no hay que ejecutar el PGOU al completo”, concluye Alcañiz.

Deja un comentario